En el 2001, un grupo de guerrilleros de las Farc incursionó en un caserío del Magdalena medio, ordenándole a su gente salir de sus casas y asesinando a dos campesinos frente a sus esposas embarazadas.
Tan solo 24 horas después, paramilitares llegaron al mismo sitio y, amenazantes, dijeron que para blindar la región contra la subversión, un hombre de cada familia debía ingresar a las autodefensas.
Rafael*, que para la época tenía 28 años, se ofreció para evitar que reclutaran a su papá o a alguno de sus dos hermanos menores.
El campesino que solo sabía arrear ganado y cultivar se convirtió en el radista (operador de radio) de un frente de las autodefensas y la flecha que les informaba a sus líderes sobre los movimientos del Ejército en la zona.
Durante cinco años estuvo allí, hasta que el grupo se desmovilizó en el 2006 y comenzó, para él y otros 33.000 excombatientes, un proceso de reintegración a la sociedad.
Superando un atentado donde peligró su vida, la adaptación del campo a la ciudad y un proceso legal que siguió paso a paso todos sus avances, Rafael recibió del Estado un certificado que lo graduó como el primer excombatiente del país que cumple todos los requisitos y pasos de la Ruta de Integración, trazada por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).
Tras la desmovilización del grupo, considerado el responsable de más de 5.000 asesinatos, extorsiones y desplazamientos en el Magdalena medio, Rafael -que nunca manejó un arma- retornó al caserío donde vivía su familia. Pero lo esperaba la venganza.
Represalias
Cuatro meses después de su desmovilización, paramilitares, aún en pie de guerra, le dispararon por la espalda y mataron a un amigo con quien trabajaba en el campo.
Durante un año se aferró a la vida y, después de varias cirugías, decidió probar suerte en Bucaramanga.
"Cuando llegué a la ciudad me sentía perseguido. Desconfiaba de todos y me costó adaptarme porque en el campo uno no se muere de hambre y acá cobran hasta un vaso de agua", dice el hombre, hoy de 39 años.
Allí, aunque le habían recomendado que no se excediera en el trabajo físico, Rafael trabajó en construcción, pues los 480.000 pesos que recibía del Estado no le alcanzaban para sostener a su familia.
Mientras, seguía con rigor las etapas que debía cumplir para obtener el aval del Gobierno en su resocialización.
Eso significó que tuviera que validar el bachillerato. Luego, estudió en el Sena, cursó varios diplomados y asistió puntualmente a talleres psicosociales donde la ACR evaluaba su adaptabilidad a la sociedad. "Gracias al trabajo de psicólogos, nos perdonamos y nos toleramos exparas y exguerrilleros", agrega Rafael.
Pero la experiencia que más marcó al reinsertado fue el trabajo de servicio social que debió cumplir en un comedor comunitario donde atendía a 150 niños de familias de escasos recursos. "Me empiñaté con ese trabajo pues los niños son muy agradecidos".
Con un trabajo en una empresa pública, donde gana 700.000 pesos, Rafael quisiera revelarles a sus compañeros que es un reintegrado, pero todavía teme las consecuencias. "Les decimos a la sociedad y a los empresarios que nos acepten y nos brinden esa oportunidad que merecemos. Estoy reintegrado, resocializado y graduado como ciudadano de bien, y mi sueño siempre ha sido trabajar para una petrolera", concluye el nuevo ciudadano.
*Nombre cambiado.
Ejemplo de éxito
Para Alejandro der, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, la certificación que recibió el martes pasado el excombatiente, en una ceremonia que se realizó en la Gobernación de Santander, se constituye en una muestra de que la política de reintegración está empezando a arrojar resultados. "Esto es un ejemplo para todas las personas desmovilizadas vinculadas a la ACR, para los que aún no se han vinculado al proceso y para las personas que aún están en los grupos armados ilegales.... tienen que entender que las armas no son la salida al conflicto", manifiesta der.
Félix Quintero
Corresponsal de EL TIEMPO
Bucaramanga
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