Dos magistrados titulares y dos exmagistrados de la Judicatura serán los primeros en responder en juicio fiscal por el escándalo del carrusel de las pensiones.
En total, la Contraloría alista imputación de cargos contra 13 funcionarios y exfuncionarios de la Rama Judicial, dentro de los que están nueve magistrados auxiliares que en cuestión de meses lograron aumentar sustancialmente sus pensiones de manera injustificada. Otras diez investigaciones preliminares por el mismo caso serán archivadas, pues la Contraloría encontró que los casos estaban plenamente justificados.
EL TIEMPO conoció que la decisión, que debía darse a conocer esta misma semana, podría ser postergada por una recusación contra la Contralora Sandra Morelli, que sería la segunda instancia en el procedimiento.
Sin embargo, el proceso ha seguido avanzando y se tasará por dos tipos de daño: el incremento injustificado de las pensiones cuestionadas, en lo que toca a dineros ya pagados; y la afectación futura de los fondos pensionales en caso de que esas mesadas no se suspendan, toda vez que no corresponden con los tiempos de cotización.
Dentro de los casos analizados, se hallaron algunos de funcionarios que, por un solo mes en la Sala Disciplinaria de la Judicatura, reclamaron y alcanzaron pensiones de hasta 12 millones de pesos, cuando sus derechos de jubilicación no pasaban de los tres millones.
Aunque inicialmente el monto de la afectación del erario se había tasado en 13 mil millones de pesos, este valor aumentará sustancialmente tras las indagaciones realizadas por el ente de control.
De ser condenados fiscalmente, los pensionados deberán devolver los dineros que recibieron de más y renunciar a la pensión, so pena de seguir vinculados a nuevos procesos fiscales a futuro y de exponerse a las sanciones penales y disciplinarias del caso. En el caso de los magistrados activos, si se determina la responsabilidad se pedirá al Congreso que, por primera vez en la historia del país, proceda a suspender a esos altos funcionarios.
En los casos que irán a juicio fiscal, la Contraloría encontró serios indicios de culpa grave de los magistrados nominadores, a los que cuestiona por permitir que se utilizara un esguince jurídico para favorecer con pensiones millonarias a quienes no tenían derecho a ello.
Gracias a ese esguince, y a diferencia del resto de colombianos, esos pensionados tuvieron una mesada equivalente al mejor salario del último año. "El régimen especial que cobija a algunos funcionarios de la Rama Judicial no puede utilizarse para la defraudación del patrimonio público", cuestiona el ente de control.
REDACCIÓN JUSTICIA.
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