El despacho judicial ordenó 48 horas de prisión para los secretarios de Gobierno, Guillermo Jaramillo; Ambiente, Néstor García y Hábitat, Mercedes Maldonado, por desacatar el fallo de la Corte Constitucional emitido en noviembre del año pasado, que los obligaba a reubicar 160 familias del barrio Marruecos, ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe.
La orden también obliga a los tres secretarios a pagar 20 salarios mínimos, que deberán pagar dentro de los tres días siguientes a la ejecución del fallo.
Las personas que fueron beneficiadas por la orden judicial, habían sido desalojadas de sus predios porque la Fuerza Pública destruyó 90 casas por una orden de devolución de dichos terrenos a una sociedad ladrillera.
La Corte además obligaba al alcalde Gustavo Petro a comenzar una conciliación con las familias para llegar a una compensación económica por los daños causados.
Debido a que la mayoría de los predios fueron demolidos, las personas afectadas no se fueron del sector y se vieron obligadas a compartir improvisadas estructuras hechas por ellos mismos con los restos de lo que fuesen sus hogares.
Al respecto, durante una rueda de prensa, la secretaria general de la Alcaldía, Susana Muhamad, anunció que el Distrito pedirá la nulidad del fallo, ante el Juzgado Quinto del Circuito.
Además, afirmó, se presentará "una acción de tutela en contra de la juez por violación al debido proceso, la solicitud al Consejo Superior de la Judicatura de acompañamiento al cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional y la presentación de una queja de acción disciplinaria en contra de la juez, debido a las irregularidades presentadas en el proceso y a la falta de garantias".
"Si en algo se han distinguido los secretarios Guillermo Alfonso Jaramillo (de Gobierno), Maria Mercedes Maldonado (de Hábitat) y Néstor Garcia (de Ambiente) es en el trabajo incansable y en la fe inquebrantable de cumplir uno a uno los mandatos de la Corte Constitucional en una acción de tutela", dijo la funcionaria.
Aclaró que el Distrito ha estado realizando el respectivo proceso de reubicación de las familias, entregando hasta el momento 43 viviendas, y asegurando otras 85 con promesa de compra venta.
El desalojo
En enero del 2012, por comprar lotes a un estafador, 160 familias fueron desalojadas por una decisión de la alcaldía local Rafael Uribe Uribe. Se habían construido 150 casas en un predio de propiedad privada.
La orden de restitución del terreno, conocido como hacienda Los Molinos, se originó en una querella instaurada por la sociedad Ladrillera Molinos del Sur, por el delito de ocupación de hecho. Los afectados habían comprado predios de cinco por 11 metros para construir su casa propia.
La alcaldesa local de entonces, Marta Bolívar, dijo en ese momento que se trataba de un lote de21 hectáreas que fue comercializado de manera pirata.
El desalojo, que generó disturbios, llevó a una comisión de la corte Constitucional a dirigirse al lugar para verificar las condiciones de la medida. Fueron los magistrados Nilson Pinilla, Humberto Sierra y Jorge Pretel. Tras la visita se ordenó la suspensión del desalojo.
REDACCIÓN BOGOTÁ
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