El presidente Juan Manuel Santos entró este viernes a terciar en la polémica que desató la destitución e inhabilidad que la Procuraduría le impuso al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y anunció reuniones individuales con el burgomaestre y con las cabezas de los órganos de control para superar la situación por la que atraviesa la capital del país por las vías institucionales.
El mandatario reiteró que la separación de los poderes públicos es una de las bases fundamentales de la democracia colombiana, por lo que no solo llamó a acatar las decisiones de los jueces, sino también a respetar el derecho a defenderse de quienes están implicados en sus fallos. “Hay decisiones que competen al Presidente y otras, a los jueces, y deben respetarse sus linderos y sus términos”, precisó Santos.
Agregó: “Como Jefe de Estado, como guardián de la institucionalidad, he manifestado mi respeto a las decisiones de los organismos de control, pero también el legítimo derecho del Alcalde de usar todos los recursos legales que tiene a su disposición”.
En el transcurso de las próximas horas, el mandatario comenzará a reunirse, por separado, con Petro y las cabezas de los órganos de control (Procuraduría, Contraloría y Fiscalía), con el fin de superar la aguda polémica que se desató por la destitución que, incluso, ha valido la intervención de instancias internacionales. Esto último ha sido rechazado por el alto gobierno. “Bogotá no está a la deriva y está más presente que nunca en mi trabajo como Presidente”, puntualizó el mandatario.
“En estos momentos difíciles para la ciudad, reitero mi compromiso para apoyar a Bogotá. Sé que se superará mediante las vías institucionales. Quiero reiterar esa palabra: institucionalidad, porque hay que respetar las leyes, así como la separación de poderes”.
Con esta decisión Santos quiere ir más allá de la polémica que hay por la situación de Bogotá y llamar al orden a otras instituciones que están polemizando públicamente las decisiones que adoptan. La intención es que resuelvan sus discrepancias a través de los mecanismos ordinarios y no en los medios de comunicación.
El mensaje es por la ‘pelea’ que se desató por varios y distintos motivos entre la contralora Sandra Morelli, el fiscal Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez.
“El llamado a las cabezas de los órganos de control es para que sus diferencias las ventilen por las vías institucionales, con respeto, y sin pasar jamás a lo personal”, precisó Santos.
Horas antes del pronunciamiento del Presidente, el procurador general, Alejandro Ordóñez le entregó a la Fiscalía copia del fallo contra Petro, y recordó que tiene reserva.
Cómo es el trámite de las medidas cautelares
La solicitud de medidas cautelares que se elevan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suele resolverse de manera rápida, en dos o tres semanas.
La que presentó Gustavo Petro es del pasado 28 de octubre, es decir, ya estaría pasada. En caso de haberla concedido, la CIDH lo hubiese hecho público en un comunicado.
Según el reglamento de la CIDH, “en situaciones de gravedad y urgencia, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a petición de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente”.
Por lo general, ese daño irreparable se refiere al derecho a la vida o a la integridad física. Es decir, para proteger personas que podrían ser asesinadas, torturadas o ser sujeto de algún perjuicio físico.
Otorgar medidas cautelares para proteger derechos políticos –que es el caso de Petro– es casi inexistente en el sistema interamericano. Petro, sin embargo, puede plantear su situación a través del sistema de casos, cuyos fallos se tardan de 4 a 6 años.
Alcalde Petro le tiró el balón al Presidente
En un extenso discurso, que se prolongó por dos horas, y ante miles de manifestantes que se congregaron en la plaza de Bolívar, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pidió la intervención del presidente Juan Manuel Santos en la destitución que profirió en su contra la Procuraduría.
El mandatario leyó el artículo 323 de la Constitución Política, que señala que “en los casos taxativamente señalados por la ley, el Presidente de la República suspenderá o destituirá al Alcalde Mayor”.
“El problema tiene un responsable mayor: el Presidente de la República. Yo quiero que antes que cualquier cáculo pequeño de los politiqueros de salón, el Presidente de la República –para defender la paz en Colombia– salga a defender la Convención Interamericana de Derechos Humanos, salga a defender la Constitución que le asigna a él y no al Procurador la destitución del Alcalde y salga a defender la ley de la república, la ley de Bogotá”, aseguró el Alcalde.
Abogados constitucionalistas consultados por EL TIEMPO se remitieron al artículo 44 del Estatuto Orgánico de Bogotá, que es la norma especial por la que se rigen los asuntos de la ciudad. En ese aparte se señala que el “Presidente de la República destituirá al Alcalde Mayor”, entre otras causales, “cuando así lo haya solicitado el Procurador”.
Para los expertos, el papel del mandatario consiste en hacer efectiva la decisión tomada por el organismo de control.
REDACCIÓN POLÍTICA Y BOGOTÁ
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