Una llamada que desde Medellín hizo una mujer a la Dirección de Protección de la Policía en Bogotá alertó de la explotación sexual de menores de edad en residencias de hospedaje en la comuna 10 de la capital antioqueña.
Ese fue el inicio de una investigación que duró casi un año y en la que el cuerpo élite de la Policía dedicado a perseguir a abusadores y violadores de niños logró demostrar que cuatro administradores de esas residencias, que ya fueron capturados, prostituían a jovencitas que no superaban los 18 años.
El general William René Salamanca, director de Protección de la Policía, señaló que con trabajos de inteligencia se evidenció que además de promover el abuso, los detenidos les cobraban a las menores víctimas entre 30 y 40 mil pesos por ocupar las habitaciones de las residencias de hospedaje.
“Las niñas, entre los 14 y 18 años, tenían que pagarles a los administradores o propietarios, que a su vez se encargaban de ofrecer a las menores”, dijo el general Salamanca.
Agregó que en el lugar la Policía encontró a tres menores, de 14, 15 y 17 años, cuando eran accedidas. Fueron llevadas ante el Instituto de Bienestar Familiar para que reciban asesoría psicológica, entre otros.
En el operativo, además de los administradores, fueron capturados dos hombres señalados de acceso carnal abusivo con menor de 18 años. La Policía calcula que al menos 15 jovencitas fueron víctimas.
Durante este año, la Policía ha capturado a 4.557 personas por ese delito. La mayoría de los detenidos, según las cifras oficiales, son familiares de los menores, entre ellos hermanos, padrastros, tíos y primos. “Tristemente el riesgo está en el círculo más cercano al menor”, explicó el general Salamanca. Los demás son conocidos, amigos o vecinos, y otro tanto profesores.
En el caso de Medellín, que ya había sido denunciado por EL TIEMPO, la Policía indicó que también investiga si los administradores capturados abusaron de las menores, muchas de ellas residentes de la comuna 10.
El fenómeno de la explotación de menores en esta ciudad fue alertado recientemente por la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU, en un informe sobre el narcoturismo.
De allí, dice la Policía, se lanzó un plan de priorización de las regiones más afectadas. Entre ellas, además de Medellín, está Cartagena y el Eje Cafetero. “Esta es una forma de esclavitud moderna que no vamos a permitir”, dijo la Policía. Uno de los focos es bloquear a extranjeros que visitan el país en busca de menores.
“No vamos a tolerar turistas extranjeros que tienen como propósito abusar de niños. Tenemos que hacer respetar a nuestros menores”, dijo el general Salamanca.
REDACCIÓN JUSTICIA
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