El polémico fallo de la Procuraduría, que en febrero del 2012 ‘mató’ políticamente al exalcalde de Medellín Alonso Salazar, se cayó este jueves en el Consejo de Estado.
La decisión, que se produce una semana después de la salida del cargo del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, es clave porque pone en evidencia dos situaciones. Por un lado, que existen controles efectivos sobre las facultades de la Procuraduría –en contravía de los argumentos esbozados por la Comisión Interamericana en el caso de Petro– y, por el otro, porque cuestiona al Ministerio Público por lo que considera una aplicación de “sanciones desproporcionadas” frente a la conducta de los funcionarios y servidores públicos. (Lea también: Por qué el Consejo de Estado revisó la decisión contra Alonso Salazar)
Hace dos años, la Procuraduría consideró que Salazar había participado indebidamente en política cuando habló públicamente, a través de Twitter y en una entrevista, sobre la supuesta presión de bandas ilegales de las comunas de Medellín para votar a favor de Luis Pérez Gutiérrez. Esas declaraciones fueron poco antes de las elecciones de octubre del 2011. El Procurador Alejandro Ordóñez decidió que Salazar había cometido una falta gravísima y que debía ser destituido e inhabilitado 12 años para ocupar cargos públicos. (Lea también: El Procurador ha convertido el Ministerio Público en un altar)
La Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez, consideró que “existe una desproporción en las sanciones que le fueron impuestas por la Procuraduría al señor Salazar” y por lo tanto eliminó no solo sus efectos, sino su misma existencia jurídica. (Lea además: Se necesita una Procuraduría robusta: Gustavo Gómez)
Así, los magistrados cambiaron la tipificación del caso de falta gravísima a falta leve culposa y señalaron que lo que procedía era una amonestación por escrito, que en todo caso no afecta en nada la posibilidad de que Salazar pueda ocupar cargos públicos o participar en política. En el caso, señaló el Consejo de Estado, nunca se demostró que el exalcalde de Medellín haya aprovechado su cargo para hacer proselitismo en contra del también exalcalde Pérez Gutiérrez.
En su fallo, la Procuraduría dijo que las salidas públicas de Salazar afectaron políticamente a Luis Pérez, que perdió esas elecciones con el hoy alcalde Aníbal Gaviria y que es uno de los políticos más cuestionados de Antioquia. El Consejo de Estado, por el contrario, consideró que los comentarios “no suponían invitación alguna a votar por alguien en particular” y que “no hay pruebas que indiquen” que la entrevista, que apareció en el diario El Colombiano y que incluyó fotografías sobre la supuesta presión armada en las comunas, “hubiese tenido trascendencia social en el sentido de generar efectos duraderos sobre la ciudadanía”. Además, la misma información ya había sido puesta en conocimiento de las autoridades.
Cometió una imprudencia
“Se puede aseverar que (Salazar) obró de buena fe, por un motivo altruista, aunque no se encontraba bajo el convencimiento invencible de estar obrando enteramente en cumplimiento de su deber. Ello lo deduce la sala de declaraciones, tales como la que hizo ante los medios aceptando que estaba incurriendo en una participación en política –la cual, sin embargo, no tiene en ningún momento el valor de una confesión, como intentó darle la Procuraduría”, dice el fallo del Consejo de Estado, de 87 páginas. Y agrega que en este caso, más que una falta disciplinaria, el exalcalde cometió “una imprudencia”.
Tras conocer la decisión, el procurador Ordóñez aseguró que la misma “no es extraña” y que “para eso existen los controles de legalidad”. “Es frecuente que el juez de los actos administrativos profiera ese tipo de decisiones. Eso no es para dramatizar –dijo– (…). No ha sido la primera decisión del Consejo de Estado así, son muchas las decisiones de la Procuraduría que han sido modificadas o anuladas por su juez natural, que es el Consejo de Estado”. Incluso, no descartó que la eventual revisión del caso Petro en una demanda administrativa contra su destitución –que aún no ha sido entablada– pueda resultar desfavorable para la Procuraduría.
El jueves, en Barranquilla, el exalcalde Petro aseguró que su caso “es similar” al de Salazar y que el Procurador “actúa como policía, político y religioso” en el ejercicio de sus facultades disciplinarias.
REDACCIÓN JUSTICIA
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