Por eso, tanto Gobierno como Fiscalía trabajan en una reforma urgente de la ley que sacó de las armas a más de 30 paramilitares.
La última alarma se dio en la Comisión de Paz del Senado, donde el congresista Roy Barreras dijo que antes de que termine este año 1.300 desmovilizados postulados a Justicia y Paz podrían quedar en libertad por vencimiento de términos.
Y la OEA había lanzado una alerta al Gobierno sobre 42 "vacíos e indefiniciones" que podrían terminar en el colapso de la Ley en Colombia.
Pero esto no es lo más complicado. Además del limbo jurídico en el que estaban todos los paras por sendas sentencias de las Cortes Suprema y Constitucional frente al concierto para delinquir y que se resolvió con una ley de urgencia, hace falta otra norma que les dé el beneficio de la pena alternativa a todos los paras que se desmovilizaron después de julio del 2005.
Desde cuando se cuentan las penas?
En ningún punto de la Ley se aclara la situación de los paramilitares que estaban presos cuando empezó el proceso de paz con las Auc y fueron incluidos en Justicia y Paz.
Muchos llevan más de ocho años presos, la pena máxima impuesta por la norma. Aunque la Corte Suprema dijo en una sentencia que para los que estaban libres las cuentas arrancan desde que quedaron a órdenes del Inpec, es un hecho que las condenas llegarán cuando la mayoría haya cumplido las penas máximas (solo van cuatro condenas, pero hay casi 3 mil postulados).
Más de 25 mil por fuera del proceso
Según cálculos de la Unidad de Justicia y Paz, el 85 por ciento de los desmovilizados de las Autodefensas (25.774 ex Auc) dejaron las armas después de julio del 2005, lo que representa que los beneficios de la Ley los cobijan parcialmente y tendrían que ser procesados por la justicia ordinaria.
Esto porque la norma vigente dice que solo tendrán penas de entre cinco y ocho años los delitos cometidos por los grupos antes de julio del 2005.
Este constituye, para muchas autoridades, el gran vacío de la Ley ya que quedan por fuera están en total 22 bloques, entre estos, Centauros, Vencedores de Arauca, Mineros, Bloque Central Bolívar, Resistencia Tayrona y lmer Cárdenas.
Hace un mes, la Corte Suprema de Justicia, compulsó copias para que se investigue a 37 miembros de bloque Magdalena Medio de las Auc por unos 20 delitos cometidos después de la fecha límite establecida por Justicia y Paz.
Entre los que serían investigados está Ramón Isaza, alias El viejo. La mayoría de los delitos fueron homicidios, torturas, desapariciones y desplazamiento forzados, lo que les valdría penas de hasta 60 años.
No cuadran las cuentas para reparar
La primera sentencia en firme de Justicia y Paz por las víctimas del desplazamiento de Mampuján y la masacre de Las Brisas costará 32 mil millones de pesos, según informan voceros del Fondo Nacional de Reparación.
Y alertan porque con los bienes entregados por los dos jefes paramilitares condenados con este fallo --Juancho Dique y Diego Vecino-- sólo se recogieron mil millones.
En total, en el Fondo de Reparación hay unos 55 mil millones, de los cuales 14 mil están monetizados. Según los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz, esta reparación es "a todas luces" insuficiente y llamaron la atención del Gobierno y la Fiscalía para que persiguieran los bienes de funcionarios y particulares condenados por el delito de concierto para delinquir.
El fuerte llamado de los magistrados terminó con la inclusión del tema en la nueva Ley de Víctimas, que ordena la creación de una Unidad especializada para el tema.
Sin embargo, al no ser retroactiva la Ley, los bienes de los parapolíticos y demás servidores públicos ya condenados que colaboraron con las Auc no entrarán en las cuentas de la reparación. Tampoco hay un sólo bien por fuera del país que esté destinado para la reparación en Colombia. Si una de las exigencias para tener la pena alternativa era reparar, y no han entregado realmente sus propiedades, quedarán en firme los beneficios?
Extraditados llegarían a pagar condena en Colombia?
En total, son 23 los paramilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz --la mayoría, jefes, que fueron extraditados a Estados Unidos entre mayo del 2008 y marzo del 2009. De estos, Jaime Arturo Gamez Moreno, del frente Mártires de Guática, fue excluido de los beneficios de la Ley.
El resto está en la incertidumbre de si llegará a Colombia a pagar la pena alternativa (de 5 a 8 años), o si esta le será computada con las penas a las que sean condenados en Estados Unidos.
REDACCIN JUSTICIA
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